Reforma del Código Procesal Civil para Juicios de Desalojo
El Gobierno ha promulgado una nueva ley que modifica el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, con el objetivo de acelerar los juicios de desalojo gestionados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Esta legislación busca optimizar los procesos relacionados con la recuperación de propiedades sociales.
Cambio en la Ley Nº 4203
La normativa introduce cambios significativos a la Ley Nº 4203. Ahora, el directorio del IPV podrá establecer un reglamento específico acerca de precios, alquileres, reajustes, adjudicaciones y desadjudicaciones de viviendas sociales. Además, se habilita una vía judicial preferencial para facilitar la recuperación de estos inmuebles.
Introducción del Juicio Monitorio
Una de las principales innovaciones es la implementación del juicio monitorio como herramienta procesal para gestionar las demandas del IPV contra los beneficiarios que han sido desadjudicados. Con la modificación del artículo 232 de la Ley Nº 9001, las resoluciones administrativas de desadjudicación serán consideradas suficientes para iniciar demandas civiles, posicionándose en igualdad con los desalojos por falta de pago o caducidad de contratos de arrendamiento.
Impacto de los Recursos Administrativos
Las nuevas disposiciones establecen que para iniciar el proceso monitorio, el IPV solo necesita presentar la resolución administrativa firmada que ordena la resta de la vivienda y la correspondiente restitución. La ley también valida las notificaciones realizadas en el domicilio siguiendo la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que impide a los ocupantes prolongar los plazos judiciales por problemas de comunicación.
Desalojo sin Suspensión por Recursos
Un elemento crucial de esta normativa es que la presentación de recursos administrativos por parte del adjudicatario afectado no genera automáticamente la suspensión del juicio monitorio ni paraliza el proceso de desalojo. El juicio continuará su curso en los tribunales ordinarios, salvo en aquellos casos donde se ordene expresamente la suspensión por parte del IPV o la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Conclusiones
Con esta reforma, el Gobierno busca modernizar y hacer más eficiente el proceso de desalojo de viviendas sociales. Se espera que estas medidas faciliten la recuperación de inmuebles en situaciones de irregularidad, garantizando el cumplimiento de los derechos del IPV y promoviendo una gestión más efectiva de las propiedades públicas.
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