Rechazo del Gobierno a la Solicitud de Ampros
El Gobierno de Mendoza ha formalizado este lunes su rechazo a la solicitud presentada por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros). El sindicato demandaba el pago retroactivo correspondiente a los sueldos de marzo y abril de este año, así como intereses por demora y una reliquidación general en relación con el aumento establecido por el decreto 972.
Fundamentos del Decreto Provincial
La decisión fue plasmada en un decreto provincial, resultado de un análisis conjunto entre el Cuerpo Paritario Central y la Dirección de Asuntos Jurídicos. Este decreto fue publicado en el Boletín Oficial el mismo día de su emisión, reafirmando la postura del Gobierno respecto al reclamo.
Justificación de la Administración Provincial
De acuerdo con la administración provincial, los salarios de los meses mencionados fueron liquidados y abonados según la normativa vigente en ese momento. Funcionarios del Gobierno subrayaron que no hubo incumplimiento por parte del Estado que justifique la concesión de salarios retroactivos ni el pago de intereses moratorios.
Inexistencia de Base Legal para el Reclamo
Los dictámenes técnicos elaborados destacaron que la solicitud carece de fundamentos válidos. Se recordó que la representación sindical había rechazado de manera explícita la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo durante las negociaciones paritarias de marzo. Como resultado, no se puede hacer efectiva una modificación de las condiciones salariales de periodos anteriores, ya que el incremento establecido mediante el decreto 972 se aplicó en el marco de las facultades del Poder Ejecutivo y dentro de los plazos de vigencia determinados en su momento.
Conclusión
El Gobierno de Mendoza reafirma que no existen disposiciones legales que permitan extender el aumento salarial a meses anteriores, lo que hace improcedente cualquier ajuste a las condiciones salariales de períodos ya liquidados conforme a las normas vigentes. La situación plantea un desafío en las relaciones laborales entre el Ejecutivo y los sindicatos de salud, pero sigue indicando la postura firme del Gobierno en cuanto a su cumplimiento normativo.
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