Begoña Gómez, esposa del presidente español, enfrenta juicio por malversación y tráfico de influencias
La esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se verá obligada a comparecer ante un tribunal debido a ser acusada de malversación y tráfico de influencias. Este juicio, que se llevará a cabo con jurado popular, determinará su culpabilidad.
Desarrollo del caso judicial
El juez Juan Carlos Peinado ha finalizado formalmente la etapa de instrucción y ha decidido enviar el caso a juicio con jurado, señalando que existen «indicios razonables de conducta delictiva» relacionados con Gómez. Su asistente personal, Cristina Álvarez, también ha sido imputada, aunque solo por malversación.
El magistrado ha solicitado determinar la “capacidad económica” de Begoña Gómez mediante el Punto Neutro Judicial. Esto incluye la entrega de sus cinco últimas declaraciones patrimoniales para evaluar posibles responsabilidades económicas.
Reclamaciones económicas
La Universidad Complutense de Madrid ha demandado 113.509 euros en concepto de perjuicio, y el juez considera que Gómez y Álvarez deberán responder como “responsables civiles directas y solidarias” por esta suma.
Las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, han solicitado penas de 13 años de cárcel para Begoña Gómez y 6 años para Cristina Álvarez. Mientras tanto, la Fiscalía y las defensas han solicitado la absolución de ambas.
Contexto de las imputaciones
La investigación se inició en abril de 2024, tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias. Esta denuncia alegaba irregularidades en las actividades profesionales de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigía una cátedra, así como en sus relaciones con empresarios que supuestamente se beneficiaron de su influencia.
El juez Peinado asumió el caso, llevando a cabo la recopilación de testimonios de testigos y funcionarios de alto rango. El propio Pedro Sánchez fue llamado a declarar, pero decidió ejercer su derecho a no hacerlo dado su vínculo matrimonial con la acusada.
Réplica del gobierno y reacción de la oposición
Desde el gobierno español, se ha argumentado que el caso es parte de una persecución política orquestada por la oposición para debilitar la administración de Pedro Sánchez. Sin embargo, los partidos opositores han utilizado la investigación para criticar la gestión y ética del gobierno.
Este escándalo ha puesto un foco intensificado en el entorno del Palacio de La Moncloa, generando un ambiente de incertidumbre y controversia en la política española.
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