Aprobación del Proyecto en el Senado
El Senado ha aprobado una versión modificada del proyecto del Gobierno que busca fortalecer la protección de la propiedad privada. Tras un debate extenso que se extendió hasta la madrugada, la iniciativa recibió media sanción luego de que La Libertad Avanza accediera a retirar dos puntos polémicos: la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, este último eliminado en el transcurso de la sesión debido a la falta de apoyo.
Implicaciones para la Legislación Actual
Esta decisión representa un revés para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ha sido la principal impulsora del proyecto. Con su aprobación, permanece vigente la legislación instaurada durante el gobierno de Alberto Fernández, que prohíbe cambiar el uso de terrenos afectados por incendios durante un período de 30 o 60 años, en función de la superficie. Este régimen había sido impulsado por el exdiputado Máximo Kirchner.
Modificaciones Relevantes del Proyecto
Ahora, el proyecto se ha centrado en dos ejes clave: aumentar las restricciones en las expropiaciones estatales y acelerar los procesos judiciales de desalojo en situaciones de usurpación o incumplimiento en el pago de alquileres.
Uno de los puntos esenciales da mayor rigidez a las condiciones bajo las cuales el Estado puede proceder con expropiaciones. El texto establece que la declaración de utilidad pública debe interpretarse de manera “restrictiva” y especificar claramente el objetivo deseado. La expropiación deberá ser adecuada, necesaria y proporcional para cumplir ese propósito.
En relación con las indemnizaciones, se establece que se pagará el valor objetivo del bien y solo los daños que sean consecuencia directa de la expropiación, limitando el reconocimiento del lucro cesante a un 30% del daño emergente, salvo que el propietario pueda demostrar una afectación mayor.
Cambios en el Régimen de Alquileres
Otro aspecto significativo del proyecto se refiere al régimen de alquileres. La nueva normativa obligará al propietario a notificar formalmente al inquilino y concederle un plazo mínimo de diez días hábiles para saldar la deuda antes de iniciar la acción judicial correspondiente.
Transcurrido ese plazo, el propietario podrá iniciar un juicio de desalojo utilizando el procedimiento más ágil que contempla la legislación. La iniciativa también establece que el arrendador no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble ni condicionar su recepción por deudas pendientes, las cuales deberán ser reclamadas a través de otros procedimientos.
Consideraciones Previas al Debate
Antes del inicio del tratamiento del proyecto, el Senado resolvió una situación que podía dar lugar a un conflicto institucional. Se llegó a un acuerdo entre el oficialismo, sectores dialoguistas y el kirchnerismo para no permitir la participación virtual de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, quienes presentaron certificados médicos. Este consenso evitó modificar el reglamento de la Cámara sin el dictamen previo de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Próximos Pasos en la Cámara de Diputados
Después de superar este primer obstáculo, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, intentó devolver el proyecto a la comisión mediante una moción que fue rechazada con 38 votos a favor y 31 en contra, lo que permitió continuar con el tratamiento.
Con las modificaciones realizadas, el proyecto ahora se dirige hacia la Cámara de Diputados, donde se reabrirá el debate sobre las mayorías necesarias para convertir la iniciativa en ley.
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