Mendoza establece nueva Ley de Ciberseguridad
La reciente aprobación de la Ley 9726 de Ciberseguridad imprime un nuevo marco legal para proteger los sistemas informáticos en Mendoza. La legislación, creada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, fue sancionada el 2 de septiembre y oficialmente publicada el lunes en el Boletín Oficial. Aunque se enfoca principalmente en el Poder Ejecutivo, también impone responsabilidades a empresas y terceros que proveen servicios tecnológicos al Estado.
Objetivos de la nueva normativa
La ley busca, entre otros objetivos, la protección de datos personales, la seguridad de los sistemas de la administración provincial y de la infraestructura crítica esencial. Esta última incluye plataformas que, de verse interrumpidas, podrían afectar áreas vitales como salud, educación, justicia y servicios públicos.
Creación del Comité de Ciberseguridad
Uno de los cambios más significativos es la creación del Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC), que actuará como autoridad de aplicación. Este organismo será responsable de elaborar el Plan Provincial de Ciberseguridad, establecer estándares obligatorios, clasificar sistemas según su nivel de riesgo y controlar el cumplimiento de las normativas.
Operaciones técnicas y marco de supervisión
El Poder Ejecutivo deberá designar una Autoridad de Ejecución Operativa que gestionará las herramientas necesarias para identificar y responder a amenazas informáticas. La ley permite que estas tareas se realicen tanto a través de estructuras del Estado como de empresas especializadas, aunque la supervisión continuará siendo responsabilidad de la Provincia.
Incorporación de capacidades especializadas
La norma incluye la creación de capacidades de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) y Equipos de Respuesta ante Incidentes (CSIRT). Entre sus funciones se encontrará el monitoreo constante de eventos, la detección de ataques y la asistencia para la recuperación de sistemas afectados. En caso de incidentes críticos, los equipos técnicos podrán implementar acciones inmediatas para minimizar el impacto.
Registro Provincial de Incidentes
Se establecerá un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad donde se documentarán ataques y problemas recurrentes. Parte de esta información será confidencial, especialmente si su difusión puede comprometer la seguridad de los sistemas estatales.
Obligaciones para proveedores y comunicación de incidentes
La legislación incluye a proveedores de software y servicios tecnológicos, quienes deberán informar sobre vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad de datos y sistemas del Estado. Además, se prohíbe la inclusión de cláusulas en contratos que impidan la comunicación de incidentes críticos.
Protección de datos y sanciones
Un capítulo específico de la ley se dedica al manejo de datos, exigiendo a los organismos proteger la información durante su ciclo completo. Para sistemas considerados esenciales, se podrán demandar controles reforzados y planes de recuperación más rigurosos.
La legislación también prevé sanciones para aquellos organismos o proveedores que no cumplan con las reglas, abarcando desde advertencias hasta auditorías extraordinarias. Los municipios de Mendoza tienen la opción de adherir al sistema, y el Poder Judicial podrá designar representantes para participar en la creación de esquemas o en el desarrollo de planes propios.
Apertura a la ciudadanía
Finalmente, la ley habilita un mecanismo para que cualquier persona o entidad pueda reportar vulnerabilidades en sistemas estatales. Aquellos que hagan reportes de buena fe tendrán protección legal, siempre que no hayan explotado ni divulgado la vulnerabilidad.
Con esta normativa, Mendoza busca fortalecer su infraestructura de ciberseguridad y garantizar un entorno más seguro para sus ciudadanos y sistemas vitales.
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