El futuro procesal de un policía acusado de homicidio en Luján
Después de una extensa audiencia de más de tres horas, la Justicia se encuentra en proceso de definir el futuro legal de José Eliseo Funes, un auxiliar policial de 41 años en detención domiciliaria desde finales del año pasado. Está acusado de matar a Federico Rubén García, presunto ladrón, disparándole en la cabeza. Este incidente se produjo días después de que Funes denunciara el robo de su arma reglamentaria y otras pertenencias.
Desarrollo del caso y acusaciones
La fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, Claudia Alejandra Ríos, ha sostenido la necesidad de juzgar a Funes ante un jurado popular por homicidio agravado, citando su condición de funcionario policial y el uso de un arma de fuego. La defensa de Funes, dirigida por Susana Soleti, ha solicitado el cese de la prisión preventiva y cuestiona la gravedad de los cargos, argumentando que merecería una calificación penal menos severa.
El fiscal en jefe, Fernando Guzzo, fue quien llevó a cabo la audiencia, que culminó con la petición de ambos lados presentada ante el juez Sebastián Sarmiento. Este juez tiene un plazo de cinco días hábiles para tomar una decisión sobre la continuación del caso y la situación de Funes.
Los hechos detrás de la acusación
La acusación detalla que el 3 de octubre del año pasado, Funes sufrió el robo de su mochila y pistola, lo que lo llevó a iniciar su propia investigación. Tres días después, mientras realizaba compras en un pet shop en Luján, identificó un automóvil Chevrolet Prisma, que coincidía con la descripción del vehículo utilizado en su asalto.
Según la fiscalía, Funes decidió vigilar el auto y, al ver a García, se identificó como policía y ordenó al conductor que bajara. Cuando el ladrón intentó escapar, Funes disparó en siete ocasiones, hiriendo fatalmente a García. El conflicto ha llevado a la fiscalía a argumentar que el oficial tomó la justicia en sus propias manos.
Pruebas y análisis periciales
Se han presentado pruebas clave, como las grabaciones de seguridad del minimarket que muestran a Funes observando el vehículo y luego disparando mientras este se alejaba. Los peritos también hallaron siete casquillos de bala y determinaron que los disparos fueron hechos con la pistola Taurus que le había sido asignada a Funes dos días antes del incidente.
Las pericias mostraron que los impactos fueron de atrás hacia adelante y a una altura considerable, indicando que no fueron disparos intimidatorios, como alegó el policía. De hecho, uno de los proyectiles atravesó un área donde había una silla infantil, lo que destaca el peligro de su acción en medio de una zona comercial con personas y vehículos en movimiento.
Defensa y futuro del acusado
La defensa ha cuestionado la valoración del caso, argumentando que Funes actuó desde un contexto de estrés tras haber sido víctima de un robo. Sin embargo, el Ministerio Público desconfía de esa narrativa, indicando que las comunicaciones de Funes antes y después del evento sugieren premeditación. Las autoridades también están revisando su celular, donde hallaron chats sobre la investigación paralela que realizó.
Con la decisión del juez Sarmiento pendiente, Funes enfrenta posibles consecuencias legales significativas, incluyendo condenas de hasta prisión perpetua si se determina que las evidencias son suficientes para un juicio por homicidio agravado.
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