Cambios Propuestos en el Mercado Inmobiliario
El Gobierno nacional ha iniciado un proceso para eliminar el requisito de un título universitario para ejercer como corredor inmobiliario o martillero público. Esta propuesta forma parte de un paquete de reformas impulsado por Federico Sturzenegger, que también busca desregular otros aspectos del mercado, eliminando la regulación sobre los honorarios y permitiendo una mayor participación de plataformas digitales en el sector.
Reacción del Sector Inmobiliario
La propuesta ha desatado un fuerte rechazo entre los profesionales en Mendoza, quienes advierten sobre las implicaciones negativas que podría tener para la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias. Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, ha calificado la iniciativa como un retroceso que desestima la complejidad técnica y jurídica de las transacciones.
“Estaríamos peor que nunca. Sin conocimiento jurídico, cualquiera puede vender, pero no todos pueden manejar situaciones como embargos o sucesiones”, subrayó Irrera.
Desprofesionalización de la Actividad
El presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, Silvio Gigli, también ha expresado su preocupación. Según él, la eliminación del requisito de formación universitaria no solo representa una desregulación, sino una desprofesionalización de la carrera.
Según Gigli, la existencia de un colegio profesional es vital para garantizar que los agentes involucrados en las compraventas posean la capacitación necesaria para evitar errores que puedan perjudicar a los clientes. “Los colegios supervisan la actividad y brindan seguridad jurídica. Sin ellos, se aumentará el riesgo de prácticas irregulares”, agregó.
Honorarios y Protección al Consumidor
Otro punto crítico de la propuesta es la eliminación de los parámetros para fijar honorarios. Aunque se sugiere que las comisiones sean acordadas libremente entre las partes, desde el sector se argumenta que los límites actuales sirven como protección para el consumidor.
“Sin esas pautas, en áreas con pocos profesionales puede haber abusos. El colegio tiene la función de frenar esas situaciones”, afirmó Gigli.
Impacto de las Plataformas Digitales
Respecto a la inclusión de plataformas digitales en el proceso de compra-venta, tanto Irrera como Gigli señalaron que el sector ya emplea herramientas tecnológicas, pero la nueva propuesta permitiría que estas plataformas asuman funciones propias de una inmobiliaria.
“Hoy todos utilizamos portales digitales, pero ninguna aplicación puede sustituir el asesoramiento jurídico o la tasación que se requiere en una operación inmobiliaria”, insistió Gigli. Resaltó que las operaciones inmobiliarias son decisiones de vida considerables que involucran ahorros significativos o patrimonios familiares, subrayando la necesidad de profesionales formados y matriculados para garantizar la seguridad y transparencia.
Conclusiones
La propuesta del Gobierno ha suscitado un amplio debate sobre la necesidad de mantener estándares profesionales en un sector clave como el inmobiliario. A medida que el proyecto avanza, se espera que continúen las discusiones en torno a la regulación, la ética profesional y la protección del consumidor en el mercado inmobiliario.
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